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En busca de una Internet para todos …

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Tarifa social

En busca de una Internet para todos …

A partir del 13 de septiembre de 2011, el Gobierno francés, una vez finalice la reunión con las operadoras de telecomunicaciones, desea realizar y llevar a cabo un proyecto que permita acercarse a toda la población a una tarifa social, para agilizar a todas las clases sociales el poder acercarse a las oportunidades que ofrece Internet. De esta manera, se trataría de dar soporte a todas las personas a un bajo coste, con el objetivo de fomentar la tramitación electrónica con las entidades públicas. Recordemos que en Francia se anunció recientemente “invalidar a aquellos usuarios que sean reincidentes en las descargas ilegales por medio del uso de la red”.

La convocatoria se produce tras el dictamen favorable a la instauración de esta “tarifa social”, emitida por la Autoridad de la Competencia francesa, según un comunicado conjunto de los departamentos de Industria y Economía Digital y de Comercio y Consumo.

“La exclusión digital es una fuente de exclusión. Por eso, el Gobierno va a poner en marcha desde este otoño una tarifa social de Internet“, subrayan. Y recuerdan que 21 millones de franceses tienen un abono de banda ancha (de una población de 66 millones) y que el 91% de los demandantes de empleo del país utiliza la red para realizar sus trámites.

La Autoridad de la Competencia, en el dictamen sobre la cuestión que le había pedido el Ejecutivo francés, considera que “las dificultades de acceso a Internet para las familias más modestas caracterizan una carencia del mercado y, en esas circunstancias, el Estado está plenamente legitimado para responder”.

El organismo señala que “constituiría una solución natural” la extensión del “servicio universal” actual, que consiste en subvencionar abonos a precios razonables que el mercado por sí solo no puede financiar, como ya ocurre con el teléfono.

También admite como una alternativa “con condiciones” conferir la etiqueta de “tarifa social” a las ofertas de los operadores que “respondan a ciertos criterios, en particular de precios”, evitando al mismo tiempo la subvención pública. La premisa en este segundo caso es que todas las empresas puedan ofrecer esa tarifa “de forma efectiva”, sin que se vea favorecido el operador histórico por su posición en el mercado mayorista.

Fuente: Agencias de Noticias.

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